La Asamblea Nacional Constituyente: 20 años de su instalación

Al conmemorarse 20 años de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente y, con ello, el inicio de toda una suerte de sesiones y deliberaciones encaminadas a la promulgación de una nueva Ley fundamental, cuyos contenidos fueron alimentados, en buena medida, por los consensos ciudadanos dentro del más amplio marco democrático y pluralista, debe efectuarse un llamado a la reflexión, no ya a partir de lo expresamente vertido en nuestra Carta Política, sino a través de los desarrollos que ella ha permitido.

Por tanto, aun cuando pueda decirse que se ha concretado gradualmente la apertura política, la redistribución del poder regional, la protección reforzada de los derechos fundamentales a través de la acción de tutela, la democracia participativa y la transformación ideológica y política del Estado para privilegiar la dignidad humana, no debemos olvidar que requerimos todavía de ingentes esfuerzos para materializar uno de los propósitos que orientaron el espíritu del constituyente en la elaboración de toda la Constitución: la consecución de la paz como uno de los valores principalísimos en nuestro ordenamiento, en donde a cada uno de los colombianos nos corresponde contribuir a su logro y mantenimiento, bajo el supuesto de avanzar cada día más en el fortalecimiento institucional que garantice la materialización de los derechos constitucionales.

Regulación de los Costos financieros por el Estado

Mucho se habla por estos días de la pugna entre el Gobierno y el sector financiero a raíz de las tarifas que éste último cobra a sus usuarios. Temas tan sensibles como la integridad del mercado de valores, la regulación de los costos del sector y la publicidad de los mismos, el abuso de posición dominante y hasta el alcance de los derechos de los consumidores, han sido objeto de una interesante discusión que se ha extendido, inclusive, al tema de la legitimidad del Ejecutivo para intervenir en este campo de la economía.

Conviene recordar lo establecido en nuestra Carta Política a partir de la consagración de Colombia como un Estado Social y Democrático de Derecho -arts. 1º y 2º C.P.-. Así, la actividad de las autoridades públicas dejó de circunscribirse, conforme a los postulados de la filosofía liberal, al mero cumplimiento de simples deberes de abstención para la realización efectiva de ciertos derechos de los individuos, para entonces enderezarse a la ejecución de actos y formulación de políticas de intervención que se traduzcan en medidas positivas encaminadas a promover las condiciones sociales y económicas básicas en procura del bienestar general de los habitantes y de la materialización gradual de sus derechos.

En cuanto tiene que ver con la actividad financiera y bursátil, relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, ha de resaltarse que la actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común, frente a las cuales el Estado impedirá que se restrinja la libertad económica y evitará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional.

De lo anterior, cabe concluir que tanto el legislador como el Gobierno Nacional, por vía de expreso mandato constitucional, gozan de las potestades suficientes para establecer las normas generales y los criterios para la regulación de las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos provenientes del público, así como también para su respectiva inspección, control y vigilancia.

En ello, el Estado debe garantizar el difícil equilibrio entre la libertad de una actividad privada que, por supuesto, debe generar rentabilidad, y la necesaria regulación para evitar riesgos injustificados en el manejo del ahorro privado o, abusos de posición dominante por parte de la industria financiera.

De este necesario balance, debemos lograr un avance decidido hacia la mayor bancarización de los colombianos, con lo cual podremos aspirar a la definitiva eliminación de la informalidad, de los agiotistas, de los JJ y de tantos abusadores financieros que son infinitamente más nocivos y riesgosos para la sociedad.

Córdoba: Retroceso de la Seguridad Democrática? Breve análisis desde las cifras

A principios de enero de este año fueron asesinados en Córdoba dos jóvenes estudiantes de la Universidad de los Andes, un hecho trágico que conmocionó a todos los colombianos. Sin embargo es claro que éste no es un caso aislado, ni tampoco el único en este departamento o el país. Gestores culturales, maestros, jóvenes y campesinos muertos en los primeros días del año en Córdoba, antecedieron a este crimen horrendo. Este hecho tan lamentable parece sugerir una  grave realidad: Que la violencia pareciera retornar a este departamento, aquella violencia que imperaba cuando estructuras de las AUC disputaban territorios con diferentes grupos guerrilleros, y que en el 2003 logró ser en gran medida menguada mediante la Política de Defensa y Seguridad Democrática.

Desde su implementación en el 2003, la Política de Defensa y Seguridad Democráticacontribuyó significativamente en la disminución de las cifras de violencia en el país y en Córdoba. Cifras tanto institucionales como de ONG´s reconocen este hecho: de acuerdo a las cifras del Observatorio de Derechos Humanos, la violencia disminuyó de forma generalizada en todo el país del año 2002 a 2003: de 28.837 homicidios a 23.013, una tendencia que se prolongó durante los años siguientes. Los estudios de la Corporación Nuevo Arco Iris mencionan que las acciones bélicas de las FARC EP  disminuyeron de 2063 en 2002 a 541 en 2008. El CINEP, afirma que las violaciones a los Derechos Humanos de 2002 a 2007 también disminuyeron durante ese periodo: de 3.177 en el 2002 a 1.959 en el 2009.

Si bien esta fue una tendencia nacional, lo propio ocurrió en Córdoba: Según las cifras del observatorio de derechos humanos la tasa de homicidio en Córdoba disminuyó de 2003 a 2005 de 18,43 a 11, 43.

Sin embargo las cifras no parecen ser tan optimistas estos últimos años, en particular el año 2009 ha sido un catalogado como un periodo de recrudecimiento de la violencia.Las cifras presentadas por el Instituto de Medicina Legal, manifiestan que se ha pasado de 3.031 homicidios en 2008 a 17.717 homicidios en 2009.

A nivel departamental, en el caso de Córdoba tanto Codhes  como las cifras del Observatorio de los Derechos Humanos confirman esta situación, en donde se evidencia un recrudecimiento de la violencia, que en el caso particular de Córdoba viene incluso desde años anteriores, en especial desde el 2006. Para el periodo de 2008 los homicidios aumentaron en este departamento en un 9%, los homicidios de alcaldes en un 100%, de indígenas en un 33%, de sindicalizados en un 100%, homicidios de maestros en un 100%.

Esta tendencia de aumento de homicidios desde el 2006 se explica en Córdoba principalmente por la aparición de bandas emergentes en diferentes municipios del departamento durante este año y los subsiguientes: Águilas Negras o Don Mario, los Paisas y los Rastrojos. 

Así pues, ¿qué está ocurriendo con la política de defensa y  seguridad democrática que arrojaba tan alentadoras cifras desde su implementación? ¿Acaso nos encontramos ante un retroceso de esta política? El asesinato de Mateo Matamala y Margarita Gómez no es sino uno de los centenares de ejemplos que evidencian una situación del recrudecimiento de la violencia en esa región. No es  un caso aislado del año 2011, sino que refleja un escenario de violencia que viene en aumento desde el 2006como lo ponen de presente las estadísticas para este departamento. No es aceptable que ahora las autoridades simplemente nos cuenten que las Bacrim han crecido , ni que tienen ya una organización de algunos miles de hombres armados , ni que su fuente de financiación es el narcotráfico.  Todo eso ya lo vivimos en el pasado con guerrillas y AUC y precisamente lo que hicimos al llevar Policía y Fuerzas Militares a todos los municipios de Colombia en el 2003, garantizaba la terminación de estas masacres y de la violación sistemática de los derechos a la vida, seguridad y libertad de todos los ciudadanos por cuenta de esos grupos.

Muchas víctimas ha cobrado esta violencia, que deben ser también recordadas, entre ellas Arnedys Fuentes Ramos, tendero de 42 años de San Bernardo del Viento, Iraldo José Rivero vendedor de Cocos asesinado por sicarios en la Vereda las Vegas, Miguel Cochero Mozo habitante del corregimiento de las Garitas jurisdicción de Lorica, entre muchos otros.  Desafortunadamente esta realidad ha cobrado la vida de dos jóvenes con vidas promisorias para que nuestra sociedad pudiera visibilizarla.